O pensión de jubilación o consulta privada. A partir del próximo 1 de julio, los médicos de la sanidad pública que se jubilen se verán enfrentados a un dilema que hasta el momento no se les había planteado. Así lo establece una orden del Ministerio de Trabajo publicada el pasado 26 de mayo en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE). Se pone fin de esta manera a una práctica de larga tradición entre los facultativos, que pese a jubilarse de su plaza pública proseguían con su actividad privada. En Asturias, este modo de actuar se agudizó en el último año y medio, desde que empezó a aplicarse a los médicos la jubilación obligatoria al cumplir 65 años. Hasta ese momento, era habitual que los facultativos no se retiraran hasta los 70 años, posibilidad de la que siguen disfrutando los profesionales de la medicina que, a su vez, son profesores de la Universidad de Oviedo. También pueden continuar hasta los 70 los médicos que no son estatutarios, sino laborales.
La orden ministerial consta de un único artículo, que determina la «incompatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación de la Seguridad Social y el ejercicio de actividad de los profesionales colegiados». En realidad, no sólo afecta a los médicos, sino también a todos aquellos profesionales colegiados que han ejercido su profesión por cuenta ajena y que acceden a una pensión de la Seguridad Social. Por ejemplo, abogados que son profesores universitarios y que, una vez jubilados, pretendan continuar ejerciendo la abogacía en bufetes privados.
Con todo, los médicos son el colectivo en el que más repercutirá esta nueva normativa. El Colegio de Médicos de Asturias ya anunció ayer que recurrirá la nueva normativa. Su presidenta, Carmen Rodríguez, sostiene que «la nueva orden ministerial, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, supone una mutilación y privación de las libertades de los profesionales y de la sociedad en general. Asturias es, en estos momentos, la única comunidad autónoma en la que la exclusividad de los médicos es obligatoria. La confluencia de estas dos medidas impide a la sociedad asturiana tener la opción de elegir medicina pública o medicina privada, libertades que existen en el resto de las autonomías»..
El Colegio de Médicos de Asturias ha puesto un recurso en el Tribunal Constitucional contra la exclusividad desde el año 2002 y actuará «con toda la fuerza que la legalidad le permita contra esta nueva orden ministerial», añade.
La novedad legislativa ha causado revuelo. Por lo pronto, ya son varios los médicos asturianos -muy conocidos algunos de ellos, por ejemplo, jefes de servicio de hospitales- que han iniciado las gestiones para tramitar su jubilación antes del próximo 1 de julio. Por ser también profesores universitarios (o laborales, o por otras razones que les habían convertido en excepción), superan los 65 años pero aspiraban a llegar a los 70 en activo, opción a la que ahora están dispuestos a renunciar a cambio de conservar su actividad privada. Se trata de facultativos que tienen consulta privada y que desean continuar con ella. O que aspiran a incorporarse a una clínica o policlínica privada después de retirarse, como han hecho no pocos de los jubilados en los últimos 18 meses. Algunos de ellos han recalado en el Centro Médico de Asturias o en la Clínica Asturias, entre otros establecimientos.
En la práctica, algunos profesionales deberán hacer números y decidir si les compensa poner fin a su actividad en la sanidad pública a lo largo de este mes de junio, aunque aún no hayan cumplido la edad preceptiva para retirarse.
A lo largo de las últimas décadas, los médicos de la sanidad pública podían jubilarse a los 65 años, pero en su mayoría optaban por prolongar su vida laboral hasta los 70 años. Unos, aduciendo su amor a la profesión. Para otros la motivación era menos romántica: después de echar unas cuentas que no eran demasiado complejas, concluían que la pensión máxima de jubilación no va más allá de la mitad, o incluso de un tercio, de lo que suele percibir un médico de la sanidad pública en los años previos a su retiro. Actualmente, el tope de una pensión pública está situado en 2.497 euros mensuales.
Desde algunas instancias médicas se sostiene que esta nueva norma implica «un duro golpe» para las consultas privadas en Asturias. Quienes defienden esta postura recuerdan que desde hace varios años la Consejería de Salud del Principado impone la dedicación exclusiva a los médicos que se incorporan a una plaza en el sistema público de salud. La normativa de ámbito estatal obliga a las administraciones autonómicas a que habiliten un mecanismo para que los profesionales puedan renunciar a la exclusividad, pero el Gobierno asturiano no la ha cumplido. El asunto está pendiente desde hace años de que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Sea como fuere, lo cierto es que la mayor parte de las consultas privadas de la región pertenece a facultativos veteranos, que son los que ahora se ven afectados por la nueva orden del Ministerio que dirige Valeriano Gómez.
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